Con la presente reunión de København (Copenhague) se prepara el terreno y se recogen los primeros compromisos para continuar con la lucha contra el cambio climático, una vez finalice el protocolo de Kioto en el 2012. A pesar de presentarse como una herramienta sólida para frenar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), lo cierto es que los resultados obtenidos mediante el Protocolo, no son ni mucho menos alentadores. En las siguientes líneas, trataremos de explicar algunos de los aspectos que parece no han funcionado como se esperaba.
El Protocolo parte de la premisa de que los países firmantes deben reducir el cómputo general de las emisiones de GEI de su territorio por medio de diferentes alternativas. La alternativa principal consiste en reducir las emisiones de los diferentes sectores emisores que se encuentran dentro del país a través del ahorro energético, la eficiencia energética o el cambio hacia fuentes energéticas más limpias. Si este tipo de actuaciones no son suficientes para alcanzar los objetivos, el protocolo contempla los llamados instrumentos de flexibilidad, que posibilitan a los países firmantes, alcanzar sus objetivos mediante la compra de certificados de carbono en los mercados de carbono o mediante la inversión en determinado tipo de proyectos en terceros países.
El Protocolo parte de un sistema basado en límites y comercio (Cap and Trade) que tiene establecido un tope de emisiones durante un periodo de tiempo determinado (límites). Esta cantidad de emisiones se asigna a un número determinado de empresas de características concretas. Precisamente las que más contaminan. El funcionamiento es el siguiente. Si una instalación sobrepasa el tope de emisiones asignado, debe adquirir derechos de emisión que le hayan sobrado a otra instalación que esté por debajo de sus límites. Esta segunda instalación, por tanto, puede vender la cuota restante para obtener un lucro (comercio) creándose de este modo un mercado de compraventa de derechos de emisiones de carbono. En Europa este mercado se rige a través del  Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (EU-ETS). Otras opciones recogidas en el Protocolo en forma de instrumentos de flexibilidad son los proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) y los proyectos AJ (Aplicación Conjunta) Sobre papel, el sistema parece efectivo, pero la realidad ha demostrado muchos fallos y fisuras, que sin lugar a dudas, habrá que corregir en el próximo compromiso que se adopte para la era post-Kyoto.
En primer lugar, el mercado de carbono surge de una iniciativa política influenciada y presionada por parte de los lobbies de la industria. Este comienzo se ha materializado en un sistema poco exigente para la industria e incluso paradójicamente ventajoso para muchas de ellas. ¿Dónde estuvo el fallo?  Los gobiernos europeos asignaron una cantidad excesiva de derechos de emisión, de modo que las industrias más relevantes de toda Europa emitieron menos que el límite que se les había fijado. Este hecho, unido a la concesión gratuita de derechos de emisión, ha hecho que los grandes contaminadores obtengan beneficios imprevistos cuando debían haber sido los más perjudicados. En este sentido, según un artículo publicado por la revista Climate Change, el D. Karsten Neuhoff, de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, considera que el nivel de estos subsidios en el marco de los PNA propuestos en la segunda fase es tan elevado que la construcción de centrales eléctricas de carbón es más rentable en virtud del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisiones (ETS) y sus distorsionadas decisiones que en ausencia del mismo.
Dentro de los instrumentos de flexibilidad contemplados por el protocolo, también encontramos los mecanismos de flexibilidad (MDL). Partiendo del principio de que la emisión o reducción de emisiones no afecta directamente al lugar donde se realiza porque todo va a parar a la misma atmósfera, el objetivo de este instrumento es el de permitir a los agentes contaminantes alcanzar los objetivos fijados, mediante la inversión en determinado tipo de proyectos en terceros países. De este modo, obtienen por una cantidad determinada de derechos de emisión en forma de certificados de carbono. Es decir, invierten en la reducción de emisiones de GEI en terceros países cuando consideran que en uno de estos países el coste por tonelada de GEI reducida es inferior al coste del país donde se encuentra la instalación y se originan las emisiones. 
Estos proyectos deben permitir la transferencia de tecnología y beneficiar a las comunidades locales donde se implementen. Además, deben cumplir el principio de la adicionalidad, que demuestre que el proyecto no se habría ejecutado si no fuese por el beneficio extra obtenido a través de los certificados de carbono que crea el proyecto. Sin embargo, en la práctica, la realidad ha sido la siguiente: el capital necesario para cumplir con el largo proceso de homologación (que haga constar como proyecto MDL) ha provocado que otros agentes como las comunidades locales, los grupos ecologistas o pequeñas empresas hayan quedado excluidas de esta gran oportunidad, a la que solamente han optado grandes empresas con gran capacidad financiera. Además, gran parte de los certificados de emisión han sido generados de la eliminación del HFC-23 y otra gran parte de ellos no tienen relación alguna con la generación de energía limpia o la transferencia de tecnología renovable. Según un estudio publicado en Nature en febrero de 2007 por Michael Wara de Stanford University, el valor de estos créditos, según el precio vigente, era de 4.600 millones de euros y el coste de implementar la tecnología necesaria era de menos de 100 millones de euros. Además, este hecho concreto ha podido desincentivar a algunos gobiernos a legislar en materia medioambiental. En caso de que por ley se hubiera obligado a las empresas a eliminar el HFC-23, estos proyectos no hubieran optado a la categoría de MDL por no cumplir con la condición de adicionalidad.
A la vista de lo comentado, parece que la industria tiene pocos incentivos para acometer mejoras en sus propias instalaciones cuando les resulta mucho más fácil comprar permisos de emisión mucho más baratos y con mucho menor riesgo.
En este contexto el futuro protocolo post-Kioto debería ser capaz de corregir estos fallos. ¿Cómo? Según algunos especialistas como Robert Shapiro, Subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos durante el Gobierno Clinton, los impuestos sobre las emisiones de CO2 son mucho menos susceptibles de evasión y de manipulación del mercado que los sistemas de límites y comercio. Mientras los impuestos sobre las emisiones de CO2 ofrecen un sistema más estable y transparente para los consumidores y la industria, los sistemas de límites y comercio son mucho más complejos de administrar y provocan una volatilidad mucho mayor en los precios de la energía y en los precios relacionados con esta.
De momento nos queda esperar que conclusiones y objetivos se extraen de la presente cumbre. Luego veremos qué tipo de mecanismos y herramientas se ponen en marcha para alcanzar dichos objetivos y no cometer los mismos errores que en el pasado.