En los últimos meses se ha escuchado repetidamente la necesidad de cambiar el modelo productivo de nuestra economía hacia un modelo sostenible y basado en el conocimiento, modelo en el que la Ciencia y la Tecnología jugarán un papel fundamental. Nada mejor que una crisis para poner de relieve las deficiencias y problemas que presentaba el modelo actual.
Sin embargo, intentar realizar un cambio tan profundo simplemente a través de una ley es una misión imposible. Un cambio de modelo como el propuesto requiere la implicación y el compromiso de todos los agentes que puedan verse afectados: las instituciones públicas, sí, pero también los propios científicos y tecnólogos, las empresas y, más allá aún, la sociedad en su conjunto. Se necesita un nuevo Contrato Social por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El concepto de un Contrato Social no es nuevo: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Hobbes, Locke or Rousseau ya elaboraron este tema hace ya siglos en términos más generales.
El contrato social sobre la ciencia imperante hasta el momento ha sido bastante lineal: el sistema científico (especialmente la ciencia básica) recibe apoyo de la sociedad por medio del Estado, a partir de ahí funciona independientemente y de forma relativamente aislada, y a la larga, la ciencia aplicada y la innovación tecnológica terminarán repercutiendo beneficiosamente en la sociedad.
Los retos medioambientales, económicos, de salud pública, de seguridad alimentaria y de pobreza, entre otros, han dado lugar a un nuevo contexto socioeconómico que también afecta a la Ciencia. Cada vez es más claro que el sistema científico y tecnológico no puede y no debe funcionar de manera aislada de la sociedad. Además, los límites entre la ciencia básica y aplicada están cada vez más difusos, ya que el descubrimiento y conocimiento de nuevos fenómenos viene en muchos casos acompañado de las aplicaciones o desarrollos que posibilitan. También se están tendiendo a difuminar las barreras entre investigación pública y privada.
La necesidad de resolver los problemas mencionados, de priorizarlos, de adelantarse a los nuevos retos que seguirán surgiendo en este entorno cambiante, es acuciante. Desde un punto de vista económico, parece claro que la única especialización posible es en actividades basadas en la capacidad de generar y aplicar conocimiento. Desde un punto de vista medioambiental todavía queda mucho que recorrer en materia de investigación para poder avanzar en el desarrollo de soluciones que permitan la conservación y preservación de nuestro ecosistema. Y desde un punto de vista social, la ciencia debería jugar un papel primordial tanto en la difusión del rigor, de la cultura del análisis, de la participación, como en la difusión de estos valores y de sus beneficios en países menos desarrollados. Más aún, la apuesta por la ciencia y la tecnología es una cuestión de equidad entre generaciones: del mismo modo que ahora recogemos los frutos de los avances científicos del pasado, las futuras generaciones deberían poder recoger los frutos de los avances actuales.
Por ello es necesario apostar decididamente por la I+D+i, por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero redefiniendo el contrato social implícito para obtener el mejor partido de esta oportunidad única, incidiendo en la idea de que la Ciencia y la Tecnología pueden contribuir a la solución de los problemas sociales.
Dentro de este nuevo contrato, cada agente jugará su papel:
- Las administraciones públicas, como representantes de la sociedad, deberán asegurar una financiación adecuada de las actividades científicas, fomentando a la vez una serie de nuevos valores, como son la creatividad, la participación y la corresponsabilidad.
- Los investigadores y tecnólogos tienen que reconocerse a sí mismos como parte del más amplio sistema económico, político, educativo, social y cultural. Deben aspirar a la excelencia científico-tecnológica, siendo conscientes de que compartir y cooperar son, en general, las mejores formas de difundir y mejorar los conocimientos científicos. Compartir y cooperar con otros investigadores y tecnólogos, pero también con las empresas y con la sociedad en su conjunto, que son quienes realmente les valoran y les financian.
- Las empresas, junto con el resto de la sociedad, deberían en el marco de este nuevo contrato social ejercer un papel de liderazgo, apostando por el incremento del valor de su producción mediante la incorporación de conocimiento, comprometiendo recursos propios, ayudando a sensibilizar sobre la importancia de la innovación y el conocimiento para la competitividad.
- Por último, la sociedad en su conjunto debe aprender a valorarla innovación, la creatividad y el conocimiento, participando de forma activa en la propia gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es la sociedad en última instancia la que debe decidir qué problemas son los más relevantes para su bienestar.
Resumiendo, este nuevo Contrato Social por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación debería promover la cooperación política, económica y social para realizar un esfuerzo que dirija el conocimiento científico y tecnológico hacia un mayor bienestar.
El reto es enorme, pero algunos países ya avanzan en estas líneas. Disponemos de las capacidades y competencias. ¿Por qué no empezar entonces?
Para más información sobre el Contrato Social por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación propuesto desde Naider para el País Vasco puede visitarse la página web de la inciativa Aliance To Knowledge
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