Ayer se publicaba en soitu un artículo que ha circulado mucho por diferentes blogs; un titular llamativo, "He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista", pero no tan llamativo como la realidad que describe. El artículo resalta, a partir de la publicación de un proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario", unas manifestaciones de la eurodiputada danesa de Los Verdes /Alianza Libre Europea, Margrete Auken, ponente del informe.

El informe, después de varias páginas de considerandos, recoge afirmaciones rotundas como de las que transcribo algunos extractos. El informe se ha lanzado en el marco de las reivindicaciones y movilizaciones ciudadanas por la defensa del territorio y enlazo un video (de mala calidad, lo siento) de la intervención en los debates de Jaime del Val, representante de Salvemos Mojacar.

Recomiendo leer los próximos párrafos despacio, en voz alta y de un tirón, y después pensar si en realidad no estaremos leyendo un informe del Consejo de Seguridad de la ONU hablando sobre la falta de libertades democráticas y la falta de cumplimiento de la ley en alguna república bananera:

1. Pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas a que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el CEDH y en las directivas europeas pertinentes, así como en otros convenios de los que la UE forma parte;

2. Pide a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente;

3. Insta a las autoridades regionales y nacionales a que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos, que impliquen a los Defensores del Pueblo regionales, quienes son competentes para proporcionar medios de acceso a la justicia y de indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de las disposiciones de la legislación en vigor, tales como la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y la Ley Urbanística Valenciana;

4. Pide a los organismos financieros y mercantiles competentes implicados en el sector urbanístico y de la construcción que participen activamente con las autoridades políticas en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes derivados de la urbanización masiva e insostenible, que ha afectado a centenares de miles de ciudadanos europeos que han optado por acogerse a las disposiciones del Tratado CE y que, en virtud del artículo 44, han adoptado sus derechos de establecimiento en un Estado miembro de la UE que no es su país de origen;

6. Pide a la Comisión, al mismo tiempo, que garantice el respeto riguroso de la aplicación del Derecho comunitario y de los objetivos establecidos en las Directivas cubiertas por esta Resolución, y a que sea más exigente de cara a las autoridades españolas cuando parece que muchas autoridades locales no cumplen sus obligaciones para con los ciudadanos de la UE;

7. Expresa su preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas, como prueban los miles de reclamaciones recibidas por el Parlamento y su comisión pertinente en la materia;

8. Considera, no obstante, cree que la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente son la primera causa de muchos problemas relacionados con la urbanización, y que esto, combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano europeo, pero que también ha ocasionado pérdidas sustanciales al Estado español;

10. Elogia también la actividad de los peticionarios, sus asociaciones y las asociaciones comunitarias locales, que engloban a decenas de miles de ciudadanos españoles y no españoles, quienes han llamado la atención del Parlamento sobre estos asuntos, y quienes han sido esenciales para garantizar los derechos fundamentales de sus vecinos y de todos los afectados por este ingente y complejo problema;

11. Recuerda que la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la Directiva de evaluación ambiental estratégica imponen la obligación de consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes, y no —como tan a menudo ocurre en los casos en que se llama la atención de la Comisión de Peticiones— una vez la autoridad local ha acordado los planes de facto; recuerda, en el mismo contexto, que cualquier modificación sustancial efectuada en los planes existentes debe también respetar este procedimiento y que los planes deben ser actuales, estadísticamente precisos y estar actualizados;

14. Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona;

15. Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo más aceptable y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.

¿Están locos estos romanos? ¿Se pueden escribir afirmaciones tan graves? ¿Es posible leer imputaciones tan graves? ¿Por qué no hay un levantamiento general?
Estas eran las conclusiones, pero los considerandos tampoco tienen nada que enviadiar a este lenguaje tan rotundo sobre la realidad. Me cuesta imaginar que el Parlamento Europeo haya redactado textos tan severos, abiertos y descarnados. Pero aquí no nos inmutamos. Es el monstruo que nos trajo a la crisis, pero durante un tiempo vivimos muy bien, cada uno a su manera, bajo la dictadura del ladrillo.

Las fotos son de Pedro Armestre, publicadas en Soitu en un artículo relacionado con el informe de Greenpeace "Destrucción a toda costa 2008".